¿VOTAR O NO VOTAR? ¿RENDIRSE O CONTINUAR CON TODAS LAS FORMAS DE LUCHA?

 

Carlos Miranda Rozas

 

 

Las últimas semanas he leído en diversas plataformas la idea de que no se debería participar del plebiscito del 25 de octubre próximo porque el proceso constituyente actual estaría viciado y posee una ilegitimidad de origen. Esto pues se gestó en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, firmado la madrugada del 15 de noviembre de 2019. Dicho acuerdo, materializado luego en la ley 21.200, habría amarrado y predefinido el proceso constituyente, de tal modo que ningún cambio importante se puede esperar de lo que allí se resuelva.

 

Las razones para tal escepticismo se derivan de que el acuerdo y posterior ley tendría los siguientes defectos:

 

1. Fueron redactados y consensuados por la misma elite política deslegitimada, sin considerar mayormente a la ciudadanía movilizada.

2. Pone enormes trabas para la participación efectiva de independientes en el proceso.

3. Mantiene el mismo sistema de elección de los diputados, de tal modo, que es casi imposible para un/a dirigente local ser elegido a la Convención Constitucional.

4. Le da un poder de veto a la derecha al exigir que la Convención deba aprobar cada artículo por los 2/3 de sus miembros.

5. No permite que se revisen los tratados internacionales ya suscritos por Chile

6. No incluye la opción Asamblea Constituyente, que era lo exigido en las calles.

 

A mi juicio, todos esos cuestionamientos son válidos y, de hecho, los punto 1, 2 y 3 considero que representan importantes amenazas para la esperanza que una nueva Constitución permita avanzar en mayor dignidad y derechos para la ciudadanía. Sin embargo, resulta oportuno hacer algunas consideraciones que justifican, a mi parecer, participar de igual forma en el actual proceso.

 

En primer lugar, debemos recordar que el llamado a plebiscitar el cambio de la Constitución dictatorial no surgió espontáneamente de la élite política, sino que ésta se vio forzada a proponer este camino como una manera de terminar con las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre. Quienes se oponen a votar en octubre 2020, plantean que el acto mismo de haber llegado a un acuerdo ya constituye una usurpación ilegitima por parte de la elite política, toda vez que el pueblo ya había decidido reasumir directamente el poder. Esta idea que podría tener algún sentido en una disertación abstracta sobre teoría del Estado, pero no considera la política real; ya que el hecho de que el poder constituido no deba condicionar al poder constituyente, no significa que no intente hacerlo. De alguna forma se confunde legitimidad con poder y se espera de manera bastante inocente que quienes detentan el poder no lo utilicen según sus convicciones o conveniencia, porque no tienen la legitimidad para hacerlo. 

 

En este contexto es casi natural que los partidos políticos que han exigido siempre una Nueva Constitución para Chile, hayan creído oportuno sentarse a negociar con los partidos que tienen la llave para cerrar cualquier cambio constitucional, es decir, con la derecha. Sin el apoyo de la derecha el cambio de la Constitución por una vía institucional era absolutamente imposible, por lo que era imperioso negociar. La otra opción era apostar por una movilización creciente y sostenida.

 

Ante la disyuntiva ¿negociar o no negociar con la derecha?, los que se oponen a la participación en el plebiscito plantean que no se tendría que haber negociado y que la movilización popular habría terminado por imponer la asamblea constituyente verdaderamente originaria y sin ningún tipo de intromisión del poder constituido.

 

Quienes defienden esta postura olvidan que la movilización social, por sí sola, puede intimidar o doblarle la mano a un gobierno que le interesen las demandas ciudadanas, pero no a uno que no dudó en sacar a los militares a la calle cuando la movilización estaba en su fase embrionaria y se circunscribía a algunos sectores de Santiago. Si el gobierno no escuchó el 18 o el 25 de octubre, ni siquiera el 12 de noviembre ¿por qué tendría que hacerlo el 15 de noviembre?, ¿cuántos muertos más tendríamos que contar entre las y los manifestantes para que el gobierno reaccionara? Los que defienden esta postura semi-insurreccional olvidan que, así como ellos prefieren optar por medidas de fuerza, nuestros enemigos también pueden hacerlo, con la diferencia que éstos nos superan infinitamente en poder de fuego. Y ese día hubo múltiples rumores de que estaban dispuestos a usarlo.

 

En atención a lo anterior creo que era indispensable buscar algún grado de acuerdo, pero se dirá que el acuerdo alcanzado le concedió mucho a la derecha, siendo que ésta pasaba por su peor momento. También concuerdo con este punto, sobre todo considerando que cuando se realizó la firma todavía sonaban los ecos del exitoso paro del 12 de noviembre. 

 

Sin embargo, cuando se negocia, en algo se debe ceder; si no se va a ceder nada, entonces no se trata de una negociación, sino de un ultimátum. Pero, para exigir una rendición incondicional el enemigo, éste debe estar derrotado en todos los planos y ese no era el caso. El bloque dominante estaba, obviamente, desconcertado, pero seguía contando con enormes cuotas de poder y, al parecer, con el respaldo de los militares. ¿Cuántos oficiales se negaron a obedecer las órdenes de reprimir al pueblo? Este hecho a menudo se ignora por completo.

 

Por otra parte, a posteriori, se puede dar otra razón para participar del plebiscito constitucional. Si el pueblo estaba tan decidido en contra del acuerdo ¿por qué la movilización fue disminuyendo en fuerza y convocatoria, hasta casi transformarse en una rutina fiestera en torno a la Plaza de la Dignidad? Algunos culparán al verano, o a que la gente nuevamente fue engañada por la clase política. La primera opción no merece mayores comentarios. Una revolución que se detiene para ir a la playa, no tiene bases muy sólidas. Algunos replicarán que lo que frenó la movilización fue la situación sanitaria con su correlato de Estado de Catástrofe y miedo al contagio. Eso puede ser válido, tal vez para marzo, pero es evidente que en enero y febrero la revolución chilena estaba de vacaciones.

 

La segunda alternativa puede tener algo de cierto, pero es paradójica para quienes afirman que Chile había despertado y que el pueblo ya había trazado el rumbo a la asamblea constituyente y la revolución. Si lo del 15 de noviembre fue un engaño exitoso, entonces no estábamos muy preparados para asumir el poder originario y cambiar sin injerencias externas la constitución. Chile solo habría despertado un ratito, para luego dormirse de nuevo con el primer gesto de la elite política. 

 

Otros dirán que lo que frenó la movilización fue la situación sanitaria con su correlato de Estado de Catástrofe y miedo al contagio. Eso puede ser válido, tal vez para marzo, pero es evidente que en enero y febrero la revolución chilena estaba de vacaciones.

 

Otra opción es que las movilizaciones disminuyeron en intensidad y masividad por la sencilla razón de que una parte importante de la población, no está dispuesta a movilizarse permanentemente por lograr cambios. Muchos se movilizan de forma estridente, pero con la esperanza de ser escuchados/as rápidamente, para no tener que seguir movilizándose. Otros (la mayoría) ni siquiera se moviliza y, a lo más, simpatiza con la movilización de otros. Incluso entre los propios actores movilizados, muchos no estaban dispuestos a asumir en sus manos el debate constitucional y les parece bien que eso lo haga “gente más preparada”. No les complica delegar su poder. La diferencia numérica abismante e irrefutable entre los millones de “marchantes” y los pocos miles de “cabildantes” muestra de manera clara esta situación.

 

Para este enorme grupo de la población, que no se moviliza ni organiza o que está dispuesta a marchar sólo a veces, pero delega en otros la resolución del problema, el camino propuesto para cambiar la Constitución puede haber resultado válido. No por ignorancia, sino porque se adecúa a sus actitudes y expectativas. 

 

Con estas reflexiones no pretendo defender el acuerdo alcanzado, ya que ese día nada obligaba a firmarlo tal como estaba escrito. Bien se podrían haber extendido las negociaciones y, fundamentalmente, se podría haber incorporado a otros actores movilizados, que -a esas alturas- ya tenían mínimos grados de organización como las coordinadoras de asambleas territoriales o la Mesa de Unidad Social que reúne a más de 100 organizaciones sindicales, estudiantiles, etc. Es decir, se podría haber alcanzado un mejor acuerdo, toda vez, que ese día no se podía adivinar que la movilización iría decreciendo. Pero, en estricto rigor, esa es una de las posibilidades. Otra posibilidad era un aumento sostenido de la represión que nos dejara literalmente “sin pan ni pedazo”.

 

En este sentido, estimo que el proceso constituyente, cuyo primer hito será el 25 de octubre, no es lo óptimo ni lo que imaginamos al fragor de los primeros días de lucha, pero es lo que pudimos alcanzar. ¿Se podría haber logrado más si apostábamos solo por la movilización? Nunca lo sabremos, pero tres cosas son seguras: lo primero es que ese camino podría haber significado muchísimos más muertos, torturados y mutilados de los que efectivamente hubo y nadie puede pasar por alto ese hecho. Lo segundo es que éste es un proceso abierto, donde lo más relevante es la composición de la futura Convención Constitucional y si nos mantenemos unidos, atentos y movilizados podemos superar los amarres del Acuerdo por la Paz. Quienes optan por no participar, asumen la derrota y se rinden completamente, ya que renuncian a seguir intentando torcerle la mano a los intentos de la elite por controlar todo el proceso desde arriba. Y por último, lo alcanzado es muchísimo más de lo que muchos nunca imaginamos que se podría lograr. Ni siquiera en nuestros sueños más optimistas vislumbramos que nuestra movilización obligaría a la derecha a aceptar iniciar el camino para terminar, por fin, con la Constitución de la dictadura.